70 años del voto femenino en el Perú: avances, desafíos y compromiso con la democracia

Tras años de múltiples esfuerzos por consolidar los derechos cívicos de las mujeres, el 17 de junio conmemoramos los 70 años del voto femenino en el Perú, un acontecimiento que marcó un hito fundamental en el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas con plenos derechos políticos. Hoy, esta fecha nos invita a reflexionar sobre los avances alcanzados, los desafíos que aún persisten y el rol que cumplen las universidades en fortalecer la democracia, el diálogo y la participación ciudadana.  

Hace 70 años, el 17 de junio de 1956, las mujeres peruanas ejercieron por primera vez su derecho al voto en unas elecciones generales. Por primera vez en nuestra historia, las mujeres podían no sólo elegir a sus representantes, sino también postular para ocupar cargos públicos. Este avance, fue posible luego de que, el 7 de septiembre de 1955, el entonces presidente Manuel A. Odría promulgara la Ley N.º 12391, que reconoció a las mujeres el derecho a elegir y ser elegidas (ONPE, 2016). 

Este logro fue el resultado de décadas de incidencia, organización y demanda de igualdad. En este proceso participaron activamente destacadas personalidades como María Jesús Alvarado, Zoila Aurora Cáceres y Magda Portal, así como muchas otras mujeres y organizaciones que cuestionaron las limitaciones impuestas a su participación en la vida pública.  

Este acontecimiento, permitió que más de medio millón de mujeres participaran en los comicios y que nueve mujeres fueran elegidas para integrar el Congreso de la República: una senadora y ocho diputadas, marcando así un precedente fundamental para la participación política femenina en el país. 

Sin embargo, es importante reconocer que este avance no alcanzó a todas las mujeres por igual. El Perú fue uno de los últimos países de América Latina en reconocer este derecho y, además, se limitaba únicamente a las mujeres casadas o mayores de edad que supieran leer y escribir, dejando por fuera a muchas mujeres rurales, indígenas y de escasos recursos. No fue sino hasta 1979 que se estableció el sufragio universal, garantizando el derecho al voto para todas las personas mayores de edad (ONPE, 2016). 

A siete décadas de este hito, la conmemoración no sólo nos invita a recordar esta conquista histórica, sino también a reflexionar sobre los desafíos pendientes para garantizar que todas las personas puedan participar plenamente en la vida política y pública de nuestro país. Para ello, resulta fundamental promover una mayor presencia de mujeres en los espacios de toma de decisiones y la no tolerancia del acoso y la violencia hacia las mujeres en la política. 

Desde la educación superior, esta reflexión adquiere una relevancia particular. Si bien en las últimas décadas se han ampliado significativamente las oportunidades de acceso de las mujeres a las universidades, persisten desafíos vinculados a la participación en espacios de representación, el acceso a posiciones de liderazgo, la distribución desigual de las responsabilidades de cuidado y las distintas formas de discriminación y violencia que pueden afectar sus trayectorias académicas y profesionales. Por ello, la igualdad formal de derechos debe acompañarse de esfuerzos sostenidos para garantizar condiciones efectivas de participación y desarrollo para todas las personas. 

En este sentido, iniciativas como el Observatorio de Género en Educación Superior impulsado por la OIGD contribuyen a visibilizar las brechas que aún persisten en las universidades y a generar evidencia que permita orientar políticas y acciones institucionales dirigidas a promover una comunidad académica comprometida con la inclusión, la igualdad y la democracia.

En este contexto, las universidades cumplen un rol fundamental pues, más allá de la formación profesional, son espacios donde se fortalece la ciudadanía, el pensamiento crítico y el compromiso con el bien común. Desde sus aulas, el compromiso reside en formar ciudadanos y ciudadanas capaces de dialogar, participar activamente en los asuntos públicos y aportar a la construcción de una sociedad más justa, democrática e igualitaria. 

Setenta años después del reconocimiento del voto femenino, el desafío ya no es únicamente garantizar el derecho a participar, sino asegurar que todas las personas puedan ejercerlo en condiciones de igualdad y con posibilidades reales de influir en los espacios donde se toman decisiones 

Referencias: 

ONPE (2016). 60 años del voto de las mujeres en el Perú. Documento de Trabajo N° 41.

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