Violencia Digital Basada en Género: Expertas del MESECVI visitan la PUCP y participan en espacios de diálogo

El 14 y 15 de septiembre recibimos la visita de Luz Patricia Mejía, secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y Mónica Maureira, vicepresidenta del Comité de Expertas del MESECVI. Ambas participaron en una serie de actividades organizadas por la Oficina para la Igualdad de Género y Diversidad (OIGD) de la PUCP.

La visita tuvo como propósito contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de la PUCP para la prevención, atención e investigación de la violencia digital basada en género, promoviendo el diálogo entre la academia, las autoridades universitarias y las instancias vinculadas con la atención y respuesta frente a estas situaciones. El aporte de ambas expertas permitió acercar a la comunidad universitaria los principales contenidos de la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres Basada en Género, adoptada por el Comité de Expertas del MESECVI en diciembre de 2025.

La agenda incluyó un encuentro protocolar con el rector de la PUCP, Julio del Valle, y una reunión institucional con el equipo de la OIGD. También se desarrolló un taller interno con la Comisión Disciplinaria, el Tribunal Disciplinario y la Secretaría de Instrucción, además de una sesión de diálogo con representantes estudiantiles. Como actividad central, se realizó el simposio Violencia digital basada en género: Construyendo respuestas desde las políticas públicas, la tecnología y la educación superior, que reunió a especialistas en género y violencia digital de distintos sectores.  En este espacio se resaltó la importancia de activar las medidas de protección más efectivas frente a la viralización o difusión masiva del contenido. Asimismo, se resaltó que el uso de las plataformas digitales puede multiplicar la exposición del daño. En ese contexto, a menor capacidad de conocer las plataformas, más riesgo existe; de allí la relevancia de abordar la brecha y la alfabetización digital, con enfoque de género. Por otro lado, es necesario garantizar que toda información relacionada con los casos,  sea transmitida mediante mecanismos de cifrado y almacenamiento seguro, preservando la confidencialidad.

En una breve entrevista con la OIGD, ambas expertas destacaron el papel que pueden cumplir las universidades en la prevención y atención de la violencia digital basada en género, tanto desde la prevención y la generación de conocimiento como desde la formación y la atención de las personas afectadas.

Luz Patricia Mejía señaló que las instituciones de educación superior son espacios fundamentales para investigar cómo funcionan los entornos digitales, de qué manera pueden generar daños y qué medidas permiten prevenirlos. Asimismo, explicó que la violencia digital y la violencia que ocurre fuera de los entornos digitales no deben entenderse como fenómenos separados, sino como manifestaciones que pueden estar conectadas y transitar entre ambos espacios. Esta aproximación también está recogida en la Ley Modelo.

Al referirse a la Ley Modelo Interamericana, Mejía explicó que esta propone una respuesta que involucra a distintos actores, y no únicamente a las autoridades estatales. En ese marco, destacó el papel de las plataformas digitales y de otros intermediarios de internet en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas. La Ley Modelo incorpora, entre otros aspectos, obligaciones de transparencia, rendición de cuentas y respuesta frente a contenidos y prácticas violentas.

Entre las medidas abordadas, mencionó la transparencia respecto de las herramientas disponibles para retirar imágenes o información dañina, así como la revisión de los diseños algorítmicos para evitar que reproduzcan sesgos o amplifiquen contenidos que profundicen la violencia y la discriminación. Añadió que la evaluación de estos casos debe considerar la protección de los derechos humanos y contar con mecanismos de revisión humana, además de los sistemas automatizados.

“La Ley Modelo pone el foco en que la responsabilidad no cae solo en el Estado como principal garante, sino también en la labor que tienen las plataformas para prevenir, sancionar y erradicar estas violencias que sufren las mujeres, las niñas y las adolescentes de la región”. - Luz Patricia Mejía - Secretaria técnica del MESECVI.

Por su parte, Mónica Maureira explicó que la elaboración de la Ley Modelo fue un proceso colaborativo en el que participaron organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la libertad de expresión, los derechos digitales y los derechos de las mujeres. Este proceso permitió incorporar enfoques como la interseccionalidad y la interculturalidad, así como reconocer que la respuesta frente a la violencia digital requiere la participación de distintas entidades del Estado y atención a las experiencias diversas de las mujeres.

Sobre el papel de las universidades, Maureira destacó su contribución en tres ámbitos: la prevención, la generación de conocimiento y la garantía de acceso a la justicia. En esa línea, señaló la importancia de incorporar los enfoques de derechos humanos y de género en la formación, fortalecer la investigación y generar información que permita comprender la problemática y hacer seguimiento a las políticas públicas. Asimismo, resaltó la necesidad de contar con mecanismos de atención y apoyo para las personas afectadas, con criterios claros y proporcionales para responder a los casos.

“Las instituciones de educación superior tienen al menos tres grandes roles: la prevención, la generación de conocimiento y la garantía de acceso a la justicia”. - Mónica Maureira - Vicepresidenta del comité de expertas del MESECVI