Discapacidad y género: prevenir la violencia también exige transformar los espacios universitarios y laborales

Rendir un examen, acceder a un empleo o denunciar una situación de violencia puede implicar barreras adicionales para las personas con discapacidad. En el caso de las mujeres, estas dificultades se entrecruzan con desigualdades y estereotipos de género que pueden incrementar su exposición a situaciones de violencia.

En el marco del Día Nacional de la Persona con Discapacidad que se conmemora en Perú cada 16 de octubre, la Oficina para la Igualdad de Género y Diversidad (OIGD) de la PUCP destaca la importancia de prevenir la violencia basada en género desde un enfoque que reconozca estas experiencias y promueva espacios accesibles y seguros.

Barreras que persisten más allá de la accesibilidad física

Eva Luz Salazar, egresada de Derecho PUCP con discapacidad visual, recuerda las dificultades que enfrentó durante una evaluación universitaria en línea: el lector de pantalla que utilizaba no funcionaba correctamente con la plataforma del examen. Aunque solicitó rendirlo por correo electrónico, el docente inicialmente se negó y propuso una evaluación oral en un horario que interfería con sus otros cursos. Finalmente, tras acudir a la coordinación, logró acordar una alternativa.

En el ámbito laboral también enfrentó situaciones en las que se le asignaron tareas gráficas que no podía realizar con las herramientas que utilizaba. Eva propuso asumir otras funciones acordes con sus conocimientos, pero tuvo que explicar por qué necesitaba una alternativa. Para ella, estas experiencias evidencian que los prejuicios siguen desviando la atención de las capacidades profesionales de las personas con discapacidad.

“Ya no se enfocan en qué puedes tú aportar a la empresa o a la entidad, sino se enfocan en tu discapacidad y eso es lamentable”. Eva Luz Salazar, egresada de Derecho PUCP.

Las barreras laborales también se manifiestan en las oportunidades de acceso y crecimiento profesional. Andrea Burga, egresada de Periodismo PUCP y activista por los derechos de las personas con discapacidad, advierte que los prejuicios pueden limitar las funciones y responsabilidades que se les asignan. Además, conseguir un empleo no garantiza que existan ajustes razonables ni condiciones para permanecer y desarrollarse en él.

Andrea también alerta sobre una situación especialmente compleja para algunas mujeres con discapacidad: la dependencia de familiares o cuidadores. Cuando quien ejerce violencia es la misma persona que les brinda apoyo diariamente, denunciar puede significar el temor de quedarse sin asistencia y sin alternativas de protección.

“Las personas en las que tú usualmente confías o las personas que te suelen apoyar son muchas veces las que te agreden, entonces se hace mucho más difícil”. - Andrea Burga, egresada de Periodismo PUCP.

Cuando la discapacidad y el género se entrecruzan

La experiencia de las mujeres con discapacidad no puede comprenderse considerando únicamente las barreras vinculadas con la discapacidad o las desigualdades de género por separado. Ambas pueden interactuar y generar riesgos específicos, especialmente cuando los espacios no cuentan con condiciones de accesibilidad o cuando persisten prejuicios sobre sus capacidades y experiencias.

La abogada Astrid Flores, especialista en políticas públicas y miembro del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Discapacidad de la PUCP (GRIDIS), ha identificado estas dificultades en su investigación sobre el acoso sexual laboral hacia mujeres con discapacidad. Entre los problemas encontrados se encuentran la falta de materiales accesibles para informar sobre la prevención de la violencia, la ausencia de ajustes necesarios y los prejuicios de quienes deben atender o evaluar las denuncias.

Por ejemplo, una persona con discapacidad visual puede encontrar obstáculos para acceder a información que no está adaptada a un lector de pantalla y una persona con discapacidad auditiva puede quedar excluida de actividades preventivas si no cuenta con interpretación en lengua de señas. Estas situaciones muestran que una medida de prevención no resulta suficiente si no puede ser utilizada por todas las personas a las que está dirigida.

Frente a ello, Flores subraya la importancia de incorporar las voces de las propias personas con discapacidad en la elaboración de respuestas institucionales, ya que la inclusión no se limita a cumplir disposiciones, sino que requiere transformar actitudes y reconocer a las personas con discapacidad como participantes activas en las decisiones que afectan sus vidas.

“Creo que este tema actitudinal, de realmente interiorizar la inclusión, tiene que ver mucho también con darnos el privilegio de dialogar y conocer e interactuar con personas con discapacidad. Por eso es que su participación ciudadana es elemental”. - Astrid Flores, investigadora especializada en discapacidad.

Directrices para prevenir la violencia basada en género

En 2024, la PUCP estableció las Directrices para la prevención de la violencia basada en género hacia las personas con discapacidad en el ámbito universitario, las prácticas preprofesionales y el contexto laboral. Su elaboración incluyó espacios de cocreación con estudiantes y practicantes con discapacidad, cuyas experiencias contribuyeron a orientar las pautas de prevención.

El documento aborda situaciones de violencia basada en género en espacios donde las relaciones de subordinación, como las que pueden existir entre practicantes y supervisores, dificultan comunicar o denunciar hechos de violencia.

La prevención también exige distinguir entre accesibilidad y ajustes razonables. La primera comprende condiciones que facilitan la participación, como rampas, pisos podotáctiles o programas compatibles con lectores de pantalla. Los ajustes razonables responden a necesidades individuales y deben definirse considerando a la persona.

Las directrices ofrecen una orientación institucional, pero su implementación es clave para que la prevención se traduzca en prácticas concretas. Construir espacios universitarios y laborales inclusivos implica eliminar barreras, cuestionar prejuicios y garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos y participar en condiciones de igualdad.