Entrevista: ¿Cuál es la realidad de las mujeres ante la violencia en Perú?

En este reportaje emitido por Cápsula Migrante, se aborda la violencia basada en género en el Perú que afecta principalmente a las mujeres, tanto nacionales como extranjeras, y se cuestiona la respuesta del Estado ante esta problemática estructural. La Mag. Marcela Huaita, jefa de la OIGD-PUCP, fue una de las especialistas consultadas.

Los Centros de Emergencia Mujer atendieron 133 436 casos de violencia contra las mujeres y registraron 137 feminicidios durante el 2022 a nivel nacional, según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

“¿Las cifras han disminuido? ¿Lo que se hace desde el Estado tiene un impacto? ¿Cómo es la realidad de las mujeres en el país?” Estas son algunas preguntas planteadas en el reportaje de Cápsula Migrante, plataforma informativa para la comunidad venezolana en el Perú. 

Para obtener una comprensión más profunda de la situación, se contó con la participación de Liz Melendez, directora de la organización feminista Flora Tristán; Carolina Garcés, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo; y Marcela Huaita, ex ministra de la Mujer y jefa de la Oficina para la Igualdad de Género y Diversidad (OIGD) de la PUCP.

Liz Meléndez, directora de Flora Tristán, señaló que, aunque se ha registrado una gran cantidad de casos de violencia de género, estas cifras representarían solo el 30% del total de los casos reales. “Independientemente de que las mujeres denuncien, muchas veces incluso se sienten más expuestas al riesgo porque hay muchas dificultades en las medidas de protección. Hay mucha impunidad”, agregó Meléndez.

Para Marcela Huaita, jefa de la OIGD, la migración venezolana supuso una situación que retó aún más al sistema en la lucha frente a la violencia contra las mujeres. Carolina Garcés Peralta, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, también señaló que en el caso de las migrantes venezolanas existe una mayor vulnerabilidad cuando por problemas de documentación no pueden acceder a servicios que ofrece el Estado en casos de violencia. 

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